Administración de Trump impulsa el fin de la ciudadanía por nacimiento

Traducido por Salvador Sandoval-Garduño

El presidente Trump firmó el 20 de enero de 2025 el decreto ejecutivo titulado “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship”, con el objetivo de retirar la ciudadanía por nacimiento a quienes nacieron en Estados Unidos de padres sin documentos. El 1 de abril, el Tribunal Supremo escuchó los argumentos de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, aunque se mostró escéptico al respecto. 

El Fourth Amendment de la Constitution dice que, “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residan”. 

Según el sitio web de la Casa Blanca, con este decreto ejecutivo la administración de Trump intentó argumentar que la expresión “sujeto a la jurisdicción de” excluye a los inmigrantes  sin documentos y por lo tanto, se aplica a sus hijos incluso si han nacido en territorio estadounidense.

Soni Chaturvedi, becario legal de UC Davis, afirmó que el decreto ejecutivo es inconstitucional y muy improbable que se apruebe.

“Creo que la mayoría de los estadounidenses y la mayoría de nuestros representantes saben que esto es inconstitucional. Esto no es lo que dice nuestra Constitution”, dijo Chaturvedi. “Esto simplemente no se ajusta a la historia y a los precedentes de este país”.

La administración de Trump argumentó que, si se aprobara esta orden, sólo afectaría a los niños nacidos más de 30 días después de su entrada en efecto. A pesar de ello, sigue habiendo preocupación por aquellos que nacieron de padres sin documentos hace varias generaciones. 

Rosamel S. Benavides-Garb, vicepresidente adjunto de Diversity, Equity, and Inclusion y director de diversidad de Cal Poly Humboldt, afirmó que la universidad ha estado debatiendo cómo apoyar a los estudiantes durante esta situación sin precedentes. 

“Cal Poly Humboldt reconoce la incertidumbre que existe en nuestra comunidad en torno a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ciudadanía por nacimiento”, dijo Benavides-Garb. “Estamos siguiendo de cerca la situación y mientras esperamos el fallo, reiteramos nuestro compromiso constante de ofrecer una comunidad segura y acogedora para los estudiantes, el profesorado y el personal. Somos conscientes de que algunos estudiantes pueden necesitar apoyo adicional, y les animamos a ponerse en contacto con los programas y servicios del campus, entre ellos la oficina del Decano de los Estudiantes, recursos para estudiantes “Dreamers”, y Scholars Without Borders”.

Se espera que la Corte Suprema dicte una sentencia a finales de junio o principios de julio. Es probable que los jueces dictaminen que la medida es inconstitucional y viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad. 

Rusty Hicks, presidente del California Democratic Party, explicó que los Estados Unidos cuentan con un sistema de controles y contrapesos precisamente para casos como este. 

“Para cambiar la ley sería necesario reformar el proceso constitucional mediante la aprobación de la 28ª Enmienda de la constitución, lo que requeriría el apoyo de dos tercios de la Cámara de Representantes y dos tercios del Senado de los Estados Unidos y luego el apoyo de tres cuartas partes de los estados. Por lo tanto, tres cuartas partes de los estados tendrían que rectificar lo que la Cámara de Representantes y el Senado hubieran propuesto. Me parece muy improbable, casi imposible, que eso se consiga”.